NO HAY UN PLAN SECRETO, ES PERIODISMO

Después de dos años y medio de solicitudes de información a la Contraloría, Convoca.pe lanza una nueva investigación de Patrimonio S.A. y la herramienta interactiva #RastreadorPolítico para seguir la ruta del dinero de los congresistas que buscan reelegirse y los que se van. Conoce cómo se trabajaron los datos, la metodología y porqué es importante conocer estos hallazgos de cara a las elecciones en el Perú.

En enero último la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lanzó una frase llena de suspicacia: “Me llama la atención que este caso se levante en medio de una campaña”, dijo en una actividad proselitista en el populoso distrito de Puente Piedra luego de conocerse que la congresista de su partido, María Magdalena López Córdova, fue condenada a cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito. López, quien trabajó con la también parlamentaria Luz Salgado durante el régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, declaró al inicio de su gestión, en 2011, los bienes más caros entre los parlamentarios. Sus embarcaciones pesqueras Hilda y Tokio fueron valorizadas en S/. 616,420 y S/. 499,800. Pero al año siguiente, en 2012, ya no figuraban en sus declaraciones juradas, mientras las investigaciones en su contra avanzaban en el Poder Judicial. López prefirió mantener en su lista de bienes dos embarcaciones pequeñas de S/. 77 mil y S/.168 mil.

A los políticos les incomoda que se investigue sobre sus finanzas y su patrimonio, sobre todo en campaña electoral. La propia Luz Salgado, ex jefa de la sentenciada López Córdova, expresó su fastidio cuando Convoca.pe la llamó para verificar la información reportada en sus declaraciones juradas de bienes e ingresos: “Estoy cansada que me fastidien por las puras albóndigas. Ya estoy harta honestamente. Antes de publicar algo, me confirman porque si no, los demando”, amenazó la fujimorista Luz Salgado en un breve diálogo por teléfono. La parlamentaria Celia Anicama no quiso explicar por qué no cuadraba la suma de cada uno de sus bienes con el total reportado en ese rubro y nos aconsejó que “investiguemos” en su Facebook todo su trabajo. “Yo no tengo por qué darles información”, aseguró. Algunos otros lanzaron hipótesis conspirativas. “El que me ha investigado mejor que usted es la mafia de (Rodolfo) Orellana (abogado encarcelado por liderar una red criminal de tráfico de tierras y lavado de activos) durante cinco años (…). Usted quiere reemplazar a Orellana”, increpó el legislador Víctor Andrés García Belaúnde, candidato a la primera vicepresidencia por Acción Popular y quien postula a una nueva reelección. García Belaúnde dijo que le parecía raro que le preguntemos por sus declaraciones juradas “en tiempos de campaña cuando estamos por entrar a la segunda vuelta, espero que no sea digitada por alguien para hacerme este tipo de preguntas de investigación. ¿Por qué no lo hace después del 10 de abril?”, sugirió el legislador.

Pero no todos respondieron con ataques o cerraron la puerta para esclarecer nuestras interrogantes. Hay varios otros legisladores que aceptaron conversar con nosotros y congresistas que han tenido gestos muy claros de transparencia como la congresista Marisol Pérez Tello, quien publica sus declaraciones juradas detalladas sobre su patrimonio en su página web, incluso antes que la Contraloría.

¿Es importante o no que los ciudadanos conozcan qué bienes acumulan los legisladores mientras ejercen el cargo, cuáles transfieran o venden y con qué propiedades e ingresos se irán en julio de este año cuando acabe el gobierno de Ollanta Humala? O conocer en esta campaña electoral, ¿cómo ha evolucionado el patrimonio de quienes postulan a la reelección? En Convoca.pe consideramos que es de alto interés público echar luces sobre las propiedades de los legisladores del país porque son quienes aprueban las leyes que tienen un impacto real en la vida de los ciudadanos, por lo que hacen o dejan de hacer en sus funciones, y porque varios de ellos provienen del sector privado y han recibido financiamiento de empresas y personas naturales para representar, se supone, los intereses del país. Más aún cuando 47 de estos 130 congresistas postulan a la reelección, y la cobertura periodística se ha concentrado en los candidatos presidenciales, dejando de lado una gran pregunta sobre los candidatos al Poder Legislativo.

Los periodistas no somos jefes de campaña de los políticos ni tampoco sus enemigos. Nuestra obligación es revelar quién es quién para fortalecer la democracia y contribuir a que los ciudadanos tengan el derecho a saber y a elegir. No hay un plan secreto, es periodismo.

Por ello, publicamos esta investigación sobre el patrimonio acumulado de los parlamentarios como parte de la plataforma Patrimonio S.A., que nació la primera semana diciembre último con un amplio reportaje sobre el congresista José Luna Gálvez, uno de los cuatro legisladores con más reelecciones en los últimos 15 años en el Perú, quien asegura ganar un sol mientras se beneficia de las utilidades de su consorcio educativo Telesup que en simultáneo contrata con el Estado mientras sigue creciendo el número de propiedades de su empresa, de su familia y del propio congresista, quien vendió uno de sus inmuebles al 8% de su valor a una de sus ex empleadas de Telesup, sin presentar ante el notorio medio de pago ni fechas programadas para cancelación del bien. La propiedad nunca fue reportada a Contraloría porque la transacción se hizo después de que el congresista presentara su declaración jurada anual, lo que hacía imposible detectarla a primera vista (Ver ‘La red patrimonial del candidato de un sol’).

Mientras el parlamentario ejercía este cargo público, empresas de su consorcio educativo brindaron servicios al Estado, algunos de ellos cuando él era miembro del comité del directorio o le otorgaron el poder de suscribir contratos de compra y venta hasta una fecha indefinida, según registros públicos. Pero, ¿qué hizo Luna Gálvez ante estas revelaciones? Nunca quiso responder ni antes ni después de la publicación del reportaje a pesar de reiteradas solicitudes de entrevistas. Luna prefirió negar todo apelando a calificativos y sin presentar pruebas cuando la periodista Patricia del Río le preguntó sobre estos hechos en una entrevista en RPP. El legislador siguió de largo en su campaña electoral como candidato a la primera vicepresidencia de Solidaridad Nacional y al Congreso sin dar explicaciones al país hasta que hace pocos días un remesón interno en su partido lo hizo renunciar pero por otros asuntos políticos.

A estos reportajes, desde ahora se puede acceder a la herramienta interactiva #RastreadorPolítico que en esta primera etapa permitirá a los lectores rastrear la evolución de los bienes e ingresos de los congresistas (sin revelar las direcciones de las viviendas ni las placas de los vehículos por razones de seguridad) y luego perfilar a estos políticos a partir de otras fuentes de datos públicos.

Nadie nos puso el tema en agenda ni tampoco nos entregó un folder lleno de papeles para enlodar a tal o cual parlamentario. Esta investigación comenzó en setiembre de 2013 cuando el proyecto de lanzar un medio digital de periodismo de investigación y análisis de datos como Convoca.pe aún era una idea puesta sobre la mesa. Nos reunimos un grupo de periodistas con experiencia en el oficio de reportear, ingenieros de sistemas, y también estudiantes talentosos y comprometidos con la profesión.

Mientras los documentos eran entregados a cuenta gotas y sin respetar los plazos de ley, un equipo de periodistas fue ingresando la información a una hoja de cálculo: dato por dato. No podía utilizarse un programa de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR por sus siglas en inglés) para capturar las cifras debido a que nos entregaron las declaraciones juradas como imágenes escaneadas en formato PDF. En enero de 2015 ingresamos un nuevo pedido de información para obtener las declaraciones juradas de 2014, después de mucha insistencia, prometieron entregarla. Nunca lo hicieron.

En mayo de 2015 se aprobó la Ley de Protección de Datos Personales y la Contraloría se amparó en esta norma para decir que no podían entregar la información a pesar que los bienes que consignan los congresistas en sus declaraciones juradas es información pública que aparece en Sunarp, pero a la que solo se puede acceder si se paga por visualizar cada propiedad. A pesar de que se trata de información sobre los funcionarios que legislan en nombre del Perú, la Contraloría se negó a entregar los documentos mediante un oficio enviado en noviembre de 2015, casi un año después de iniciada nuestra solicitud y hace apenas cuatro meses.

Convoca.pe decidió continuar con el proyecto. Con las declaraciones de los tres primeros años obtenidos, se construyó una hoja de cálculo de más de 5 mil filas y se cruzaron los datos con las partidas de registros públicos de las casas, departamentos, vehículos, terrenos y otras propiedades adquiridas por los legisladores. A partir de esta fuente de datos, entrevistamos en diversos momentos de la investigación a más de 30 congresistas y otros funcionarios para comprender primero el procedimiento del llenado de las declaraciones juradas que llegan a la Contraloría y luego confrontar los hallazgos más relevantes. Estos resultados fueron cruzados con otras ocho bases de datos (públicas y construidas) con el propósito de encontrar explicaciones al incremento del patrimonio, la venta y transferencias de los bienes en relación a la función pública que ejercen. Se trata de una serie de hallazgos que se irán publicando de manera paulatina.

Doce personas, entre periodistas, analistas de datos y desarrolladores, hemos trabajado a lo largo de dos años y medio en la investigación. No lo hemos hecho a dedicación exclusiva al inicio pero conforme iban saliendo a flote los primeros hallazgos, las jornadas de trabajo se fueron extendiendo hasta la madrugada cada vez más. En forma simultánea al procesamiento de los documentos que nos entregó Contraloría, descargamos las declaraciones juradas que este organismo de control publica en su página web con los montos totales de cada rubro del patrimonio (bienes, ingresos y otros) para tener, en lo posible, una fotografía actualizada y útil para el ciudadano. Esta semana, Contraloría recién ha publicado las declaraciones juradas de 2015 de 98 parlamentarios, información que también incluimos en la herramienta interactiva de nuestra plataforma después de diversos obstáculos.

Contraloría no sólo no entregó la información detallada de 2014 y se demoró hasta un año en responder cada una de las solicitudes. Esta institución, además, sube a su página web las declaraciones juradas con varios meses de retraso, y sin especificar la fecha de entrega de estos reportes por cada legislador. En el Congreso de la República también rechazaron nuestras solicitudes para acceder a las declaraciones juradas detalladas. De modo tal que es imposible conocer qué congresista incumple su obligación de presentar a tiempo y correctamente sus declaraciones juradas. En el último bloque de declaraciones juradas que Contraloría ha subido a su página web, no solo hay información de 2015, también reportes de hasta cuatro años atrás según la revisión que hicimos hasta el jueves 7 de abril.

Por no presentar las declaraciones juradas de sus bienes e ingresos, según la ley 30161 de 2014, el congresista puede tener una sanción económica del 20% de su remuneración mensual, por omitir información entre el 10% y 20% del salario, por ingresar información falsa, suspensión entre 30 a 360 días calendarios, por reincidir en la no presentación del documento u omisión, puede ser suspendido en sus funciones temporalmente y si ingresa una vez más información falsa, lo podrían destituir. ¿Cuántos congresistas han sido sancionados? La Contraloría no responde. Convoca.pe ha solicitado reiteradas veces entrevistas con los funcionarios de este organismo de control y hace tres semanas hizo un nuevo intento con el envió de una lista de preguntas que hasta ahora no son respondidas.

Las declaraciones juradas de estos funcionarios suelen tener errores de tipeo. La verificación de los datos es clave así como la comprensión de lo que contiene cada rubro del formulario que deben llenar los funcionarios, cómo lo hacen y a qué están obligados. Por ello, los hallazgos se han confrontado de manera permanente con registros públicos y los propios legisladores.

A la par hemos construido una metodología que nos permita dar cuenta en el reportaje principal el incremento del patrimonio de los legisladores a partir de los nuevos bienes que declararon haber adquirido estos funcionarios desde que asumieron el cargo hasta 2013, y no solo el incremento del valor de las propiedades. Para ello, decidimos consignar el valor nominal: el monto exacto reportado por el legislador en sus declaraciones juradas en cada año, y no hacer cálculos estadísticos para traer ese valor al presente. La razón principal es porque en el periodo del análisis, la inflación se mantuvo estable en el país y porque la herramienta interactiva #RastreadorPolítico busca mostrar lo que el propio legislador declara como punto de partida, sin renunciar a confrontar la información y limpiar los datos para un análisis certero que luego nos llevará a otras importantes revelaciones.

El método de esta investigación es el resultado de conversaciones con periodistas experimentados como Giannina Segnini, pionera en la investigación periodística a partir de bases de datos en América Latina y profesora de la Universidad de Columbia en Nueva York, y el premiado Alejandro Fernández Sanabia de Univisión. Ambos son periodistas de Costa Rica, entrenados en el manejo inteligente de los datos. En forma simultánea, se hicieron consultas a economistas y estadistas de organizaciones especializadas, del Instituto Nacional de Estadística y del Banco Central de Reserva.

Los periodistas usualmente pedimos que las autoridades rindan cuentas. Por eso, nos parece fundamental ser transparentes con nuestros métodos y contar el proceso de esta investigación que hoy les presentamos y que necesita de la colaboración de los ciudadanos y de instituciones como la propia Contraloría para preservar un bien público: la información de calidad que merece estar en manos de los ciudadanos, en un momento crucial para el país y frente a un Estado que se ha acostumbrado a potenciar sus oficinas de estadística y acceso a la información principalmente para las empresas y no para la gente.

Explore Patrimonio S.A y el #RastreadorPolítico para seguir la ruta del dinero de quienes toman decisiones por todos los ciudadanos y juraron defender los intereses del país.

Ver también:

La nueva fortuna y los millones ocultos.

La red patrimonial del congresista que gana un sol.

Los millones que pagó el Estado a universidades vinculadas a candidatos y congresistas.